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Abogado Sustituto en Valencia ⚖️

Consúltenos la disponibilidad de un abogado sustituto en Valencia para sustituirle en una determinada actuación. Una vez confirmada su disponibilidad, puede proceder al pago del servicio contratado a través de tarjeta de crédito, Paypal y transferencia bancaria. Desde Sustituciones.com prepararemos el contrato de encargado de tratamiento de datos personales para que pueda intercambiar la documentación del caso con el sustituto cumpliendo plenamente con la Ley de Protección de Datos y el RGPD. Una vez en contacto con el abogado sustituto, será a él directamente al que le deberá dar las instrucciones necesarias para la ejecución de la sustitución.

La plataforma de Sustituciones.com ofrece servicio de sustituciones en prácticamente toda España. Contamos con abogados colaboradores en todas las provincias sombreadas del mapa, por lo que desde nuestra plataforma puede cubrir prácticamente la totalidad de sus necesidades de sustitución en todo el territorio.

Son muchos los abogados que ya utilizan Sustituciones.com para celebrar aquellas vistas en Valencia a las que no pueden o les resulta viable económicamente desplazarse.

La figura del abogado sustituto viene regulada en el artículo 38.2 del RD 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española que dice:

“El letrado actuante podrá ser auxiliado o sustituido en el acto de la vista o juicio o en cualquier otra diligencia judicial por un compañero en ejercicio, incorporado o cuya actuación haya sido debidamente comunicada al colegio. Para la sustitución bastará la declaración del abogado sustituto, bajo su propia responsabilidad”

También se regula en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en concreto en su artículo 57.2:

“El Abogado actuante podrá ser auxiliado o sustituido en cualquier diligencia judicial por uno o varios compañeros en ejercicio, pudiendo intervenir dos o más Abogados en las vistas siempre que esa intervención conjunta presente justificación suficiente. Para la sustitución bastará la declaración del Abogado sustituto bajo su propia responsabilidad”

Es por esto que el abogado sustituto no necesita poder del cliente representado ni del abogado director del procedimiento y basta su mera manifestación al respecto.

Sustituciones de Abogados en Valencia 🏛

¿Qué servicios ofrece Sustituciones.com?

Intentando responder de una forma eficaz al abogado que necesitar ser sustituido, hemos definido diferentes servicios o paquetes:

• Sustitución en acto de trámite
• Sustitución en Audiencia Previa
• Sustitución en Juicio Verbal (no incluye las vistas de familia)
• Sustitución en Juicio Ordinario, incluyendo también la celebración de vistas en juicios penales, contencioso administrativo, ámbito social o procedimientos de familia.

El abogado sustituto se ajustará a sus instrucciones a y lo reflejado en la demanda o contestación, o en su caso en el escrito de acusación o defensa.

El servicio de sustituciones se presta bajo la responsabilidad del abogado designado para la sustitución que es quien deberá emplear la diligencia exigible a la colaboración entre compañeros.

El abogado que le sustituya atenderá a sus clientes como colaborador suyo, no identificándose como miembro de la plataforma de Sustituciones.com. Al terminar la sustitución, el abogado le deberá enviar un pequeño resumen en el que informe del resultado y en su caso de las incidencias.

¿Cual es el precio?

El precio queda marcado para cada tipo de actuación, no existiendo sobrecostes ni pluses derivados de desplazamientos o dietas. Desde la plataforma elegimos siempre al letrado más cercano al partido judicial en el que se realiza la vista o juicio, evitando que incurra en gastos adicionales a los de la propia actuación en sustitución.

¿Es abogado el sustituto?

Su servicio de sustitución siempre será atendido por un abogado colegiado. Cuando exista disponibilidad además nuestra plataforma intentará que sea un letrado con experiencia en la actuación requerida.

¿Cuánto tardará en gestionarse la sustitución?

Aproximadamente en 48 horas laborables usted tendrá asignado un letrado para que pueda sustituirle. Si lo necesita en un plazo inferior por concurrir urgencia le rogamos que nos contacte por teléfono. En caso de urgencia el coste puede verse incrementado.

Abogados Sustitutos

¿Quién da las instrucciones al sustituto?

Usted, siempre y en todo caso. Una vez recibido el pago y conocido el asunto en el que necesita ser sustituido pondremos a nuestro colaborador en contacto con usted para que pueda ampliarle las instrucciones necesarias al caso.

¿Qué garantías tiene el servicio?

Aunque usted ha realizado el pago, el sustituto no cobra el servicio hasta que éste está realizado. El abogado sustituto que ha aceptado la sustitución queda obligado en los mismos términos de diligencia que lo estamos todos los letrados en el ejercicio de cualquier mandado, no interviniendo Sustituciones.com al no ser quién presta el servicio letrado.

¿Qué pasa con los datos personales de sus clientes?

En el momento de aceptar el encargo de la sustitución, generamos un contrato de encargado de tratamiento para esa actuación que le permitirá darle al abogado sustituto los datos necesarios para la realización del encargo. El sustituto deberá destruir la información recibida una vez finalizada la sustitución.

Si aún tiene alguna otra cuestión que no hayamos resuelto, le rogamos le contacte usando nuestro formulario de contacto.

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Abogado Sustituto en Tenerife ⚖️

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La figura del abogado sustituto viene regulada en el artículo 38.2 del RD 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española que dice:

“El letrado actuante podrá ser auxiliado o sustituido en el acto de la vista o juicio o en cualquier otra diligencia judicial por un compañero en ejercicio, incorporado o cuya actuación haya sido debidamente comunicada al colegio. Para la sustitución bastará la declaración del abogado sustituto, bajo su propia responsabilidad”

También se regula en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en concreto en su artículo 57.2:

“El Abogado actuante podrá ser auxiliado o sustituido en cualquier diligencia judicial por uno o varios compañeros en ejercicio, pudiendo intervenir dos o más Abogados en las vistas siempre que esa intervención conjunta presente justificación suficiente. Para la sustitución bastará la declaración del Abogado sustituto bajo su propia responsabilidad”

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Sustituciones de Abogados en Tenerife 🏛

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¿Cual es el precio?

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¿Es abogado el sustituto?

Su servicio de sustitución siempre será atendido por un abogado colegiado. Cuando exista disponibilidad además nuestra plataforma intentará que sea un letrado con experiencia en la actuación requerida.

¿Cuánto tardará en gestionarse la sustitución?

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¿Quién da las instrucciones al sustituto?

Usted, siempre y en todo caso. Una vez recibido el pago y conocido el asunto en el que necesita ser sustituido pondremos a nuestro colaborador en contacto con usted para que pueda ampliarle las instrucciones necesarias al caso.

¿Qué garantías tiene el servicio?

Aunque usted ha realizado el pago, el sustituto no cobra el servicio hasta que éste está realizado. El abogado sustituto que ha aceptado la sustitución queda obligado en los mismos términos de diligencia que lo estamos todos los letrados en el ejercicio de cualquier mandado, no interviniendo Sustituciones.com al no ser quién presta el servicio letrado.

¿Qué pasa con los datos personales de sus clientes?

En el momento de aceptar el encargo de la sustitución, generamos un contrato de encargado de tratamiento para esa actuación que le permitirá darle al abogado sustituto los datos necesarios para la realización del encargo. El sustituto deberá destruir la información recibida una vez finalizada la sustitución.

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Abogado Sustituto en Barcelona ⚖️

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La figura del abogado sustituto viene regulada en el artículo 38.2 del RD 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española que dice:

“El letrado actuante podrá ser auxiliado o sustituido en el acto de la vista o juicio o en cualquier otra diligencia judicial por un compañero en ejercicio, incorporado o cuya actuación haya sido debidamente comunicada al colegio. Para la sustitución bastará la declaración del abogado sustituto, bajo su propia responsabilidad”

También se regula en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en concreto en su artículo 57.2:

“El Abogado actuante podrá ser auxiliado o sustituido en cualquier diligencia judicial por uno o varios compañeros en ejercicio, pudiendo intervenir dos o más Abogados en las vistas siempre que esa intervención conjunta presente justificación suficiente. Para la sustitución bastará la declaración del Abogado sustituto bajo su propia responsabilidad”

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Sustituciones de Abogados en Barcelona 🏛

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• Sustitución en acto de trámite
• Sustitución en Audiencia Previa
• Sustitución en Juicio Verbal (no incluye las vistas de familia)
• Sustitución en Juicio Ordinario, incluyendo también la celebración de vistas en juicios penales, contencioso administrativo, ámbito social o procedimientos de familia.

El abogado sustituto se ajustará a sus instrucciones a y lo reflejado en la demanda o contestación, o en su caso en el escrito de acusación o defensa.

El servicio de sustituciones se presta bajo la responsabilidad del abogado designado para la sustitución que es quien deberá emplear la diligencia exigible a la colaboración entre compañeros.

El abogado que le sustituya atenderá a sus clientes como colaborador suyo, no identificándose como miembro de la plataforma de Sustituciones.com. Al terminar la sustitución, el abogado le deberá enviar un pequeño resumen en el que informe del resultado y en su caso de las incidencias.

¿Cual es el precio?

El precio queda marcado para cada tipo de actuación, no existiendo sobrecostes ni pluses derivados de desplazamientos o dietas. Desde la plataforma elegimos siempre al letrado más cercano al partido judicial en el que se realiza la vista o juicio, evitando que incurra en gastos adicionales a los de la propia actuación en sustitución.

¿Es abogado el sustituto?

Su servicio de sustitución siempre será atendido por un abogado colegiado. Cuando exista disponibilidad además nuestra plataforma intentará que sea un letrado con experiencia en la actuación requerida.

¿Cuánto tardará en gestionarse la sustitución?

Aproximadamente en 48 horas laborables usted tendrá asignado un letrado para que pueda sustituirle. Si lo necesita en un plazo inferior por concurrir urgencia le rogamos que nos contacte por teléfono. En caso de urgencia el coste puede verse incrementado.

Abogados Sustitutos

¿Quién da las instrucciones al sustituto?

Usted, siempre y en todo caso. Una vez recibido el pago y conocido el asunto en el que necesita ser sustituido pondremos a nuestro colaborador en contacto con usted para que pueda ampliarle las instrucciones necesarias al caso.

¿Qué garantías tiene el servicio?

Aunque usted ha realizado el pago, el sustituto no cobra el servicio hasta que éste está realizado. El abogado sustituto que ha aceptado la sustitución queda obligado en los mismos términos de diligencia que lo estamos todos los letrados en el ejercicio de cualquier mandado, no interviniendo Sustituciones.com al no ser quién presta el servicio letrado.

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Abogado Sustituto en Madrid ⚖️

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Son muchos los abogados que ya utilizan Sustituciones.com para celebrar aquellas vistas en Madrid a las que no pueden o les resulta viable económicamente desplazarse.

La figura del abogado sustituto viene regulada en el artículo 56.2 del Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, que dice:

“El profesional de la Abogacía actuante podrá ser auxiliado o sustituido en cualquier diligencia judicial por uno o varios compañeros en ejercicio, pudiendo intervenir dos o más profesionales de la Abogacía en las vistas siempre que esa intervención conjunta presente justificación suficiente a criterio del órgano judicial. Para la sustitución bastará la declaración del profesional de la Abogacía sustituto bajo su propia responsabilidad.”

También se regula en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en concreto en su artículo 57.2:

“El Abogado actuante podrá ser auxiliado o sustituido en cualquier diligencia judicial por uno o varios compañeros en ejercicio, pudiendo intervenir dos o más Abogados en las vistas siempre que esa intervención conjunta presente justificación suficiente. Para la sustitución bastará la declaración del Abogado sustituto bajo su propia responsabilidad”

Es por esto que el abogado sustituto no necesita poder del cliente representado ni del abogado director del procedimiento y basta su mera manifestación al respecto.

Sustituciones de Abogados en Madrid 🏛

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• Sustitución en acto de trámite
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El abogado sustituto se ajustará a sus instrucciones a y lo reflejado en la demanda o contestación, o en su caso en el escrito de acusación o defensa.

El servicio de sustituciones se presta bajo la responsabilidad del abogado designado para la sustitución que es quien deberá emplear la diligencia exigible a la colaboración entre compañeros.

El abogado que le sustituya atenderá a sus clientes como colaborador suyo, no identificándose como miembro de la plataforma de Sustituciones.com. Al terminar la sustitución, el abogado le deberá enviar un pequeño resumen en el que informe del resultado y en su caso de las incidencias.

¿Cual es el precio?

El precio queda marcado para cada tipo de actuación, no existiendo sobrecostes ni pluses derivados de desplazamientos o dietas. Desde la plataforma elegimos siempre al letrado más cercano al partido judicial de Madrid en el que se realiza la vista o juicio, evitando que incurra en gastos adicionales a los de la propia actuación en sustitución.

El pago se realiza en el entorno seguro de Paypal, mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria (exceptuadas las sustituciones urgentes).

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¿Quién da las instrucciones al sustituto?

Usted, siempre y en todo caso. Una vez recibido el pago y conocido el asunto en el que necesita ser sustituido pondremos a nuestro colaborador en contacto con usted para que pueda ampliarle las instrucciones necesarias al caso.

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Cuente con el asesoramiento de abogados especialistas en Sucesiones y herencias

La más habitual y conocida es la que se conoce precisamente como sustitución vulgar.

Sustituciones hereditarias: La Sustitución vulgar

Se trata de una figura prevista en el Código Civil que permite nombrar en el testamento a un segundo o ulterior heredero (o legatario) para el caso de que la persona llamada en primer lugar a esa herencia (o legado) muera antes que el testador, o no quiera o no pueda aceptar el llamamiento. Es un mecanismo conveniente para que, de esta manera, el llamamiento a la sucesión no quede vacante por la falta del primer heredero, de modo que no sería necesario acudir por esa razón a la sucesión intestada.

Así el causante puede “controlar” en cierto modo que su herencia llegue en cualquier caso a alguien que haya elegido en persona, y no a quien pudiera corresponder sólo por el criterio fijado en la ley. Esta clase de sustitución puede ser empleada por cualquiera a la hora de otorgar su testamento.

Sustitución pupilar y ejemplar

Junto a esta categoría, podemos encontrar la sustitución pupilar.

En ella, los padres u otros ascendientes podrán nombrar sustitutos a sus descendientes menores de 14 años para el caso de que mueran antes de llegar a dicha edad. Se trata de dejar previsto quién heredará en los bienes y derechos de un menor si éste fallece antes de cumplir 14 años y en consecuencia sin poder hacer su propio testamento antes de morir. En este caso el fundamento es algo distinto que el anterior, y también más restrictivo, puesto que sólo pueden utilizar esta vía quienes tengan descendientes menores de 14 años.

Una variante de la anterior es la sustitución ejemplar o cuasi pupilar.

A través de este mecanismo, un ascendiente podrá nombrar sustituto para su descendiente mayor de 14 años que haya sido declarado incapaz por enajenación mental, conforme a derecho. Al igual que en caso previo, busca dejar prevista la sucesión de un familiar que puede fallecer sin la posibilidad de hacer su propio testamento, en este caso por razón de enajenación mental, aunque sea mayor de edad.

Sustitución fideicomisaria

Por último, existe la sustitución fideicomisaria, en virtud de la cual se encarga al heredero que conserve todo o parte de la herencia y la transmita a un tercero. El primero recibirá el nombre de “heredero fiduciario” y el tercero que finalmente debe recibir esos bienes será el “heredero fideicomisario”. Si éste fallece antes de recibir la herencia, pasará su derecho a sus propios herederos, que podrán reclamarlo del heredero fiduciario.

Esta sustitución está sometida a ciertos límites, como que debe ser expresa, hacerse a favor de personas vivas en el momento del fallecimiento del testador, o que no puede perjudicar las legítimas, entre otras.

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Así lo resuelve el Tribunal Supremo en su Sentencia 3538/2017 de 17 de octubre de 2017. Esto hace que los honorarios de los abogados que no hayan sido abonados puedan verse incrementados con los intereses de mora que estipula el artículo 7.2 de la Ley 3/2004:

El tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más ocho puntos porcentuales.

Intereses de mora en honorarios de abogado

Desde la perspectiva del objeto de la norma ( artículo 1), y conforme la finalidad de la Directiva 2000/35/CE , de 29 de junio, considerando 7.º, no cabe duda que la promulgación de la Ley responde, entre otras razones, al problema que plantea la morosidad en el pago de las deudas dinerarias bien con relación a la entrega de bienes, o bien con relación a una «prestación de servicios». Concepto que comprende, en principio, la prestación de servicios jurídicos. También el retraso en el pago de los honorarios del abogado debe ser penalizada con intereses de mora.

En esta línea, la Directiva, tanto la de 2000/35/ CE, como la de 2011/7/UE, cuando aborda el concepto de «operaciones comerciales» (artículo 2, núm. 1 y artículo 2 núms. 1 y 3, respectivamente), lo refiere a las actividades «realizadas entre empresas o entre empresas y poderes públicos que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios a cambio de una contraprestación». Dicha definición queda, a su vez, completada o integrada por la definición que ambas Directivas realizan del concepto de empresa en los siguientes términos: «cualquier organización que actúe en ejercicio de su actividad independiente económica o profesional, incluso si dicha actividad la lleva a cabo una única persona».

Todo ello conforme con las menciones específicas que se realizan en el preámbulo de la Directiva respecto del «hecho de que las profesiones liberales queden cubiertas por la presente Directiva» (considerando núm. 14 de la Directiva de 2000 y 10 de la Directiva de 2011). Por lo que la amplitud con la que se definen dichos conceptos permite entender que la prestación de servicios que realiza un despacho profesional queda bajo la cobertura de dicha Directiva y, por tanto, sujeta a la aplicación de la Ley 3/2004 y a los intereses de demora previstos en ella.

Intereses de la minuta del abogado

Por último, y conforme a lo anteriormente señalado, tanto la Directiva (considerando núm. 13 de la de 2000 y núm. 8 de la de 2011), como la norma nacional (artículo 3. 2), cuando delimitan subjetivamente el ámbito de aplicación de la norma, mediante una exclusión expresa, no contemplan las deudas e intereses derivadas de la prestación de servicios jurídicos realizados por un despacho profesional, y, por tanto, con independencia de su condición de persona física o jurídica. Por lo que a los intereses aquí reclamados le resulta aplicable la citada Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

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La venia

Esta figura también se contempla en el art. 26.2 del RD 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, aunque hay que señalar que el Nuevo Estatuto de la Abogacía Española, aprobado en el Pleno celebrado el día 12 de junio de 2013 (proyecto normativo aún pendiente de aprobar por el Ministerio de Justicia) ya en su preámbulo hace constar la supresión de la tradicional venia en los supuestos de sustitución de abogado, pasando a regular esta figura en su art. 61.

Atendiendo a lo anterior, esta figura de sustitución de Abogado supone que el sustituto asume la dirección profesional de un asunto que fue encomendado a otro compañero, e independientemente de si se mantiene la exigencia formal de la venia, lo cierto es que en cualquier caso el Abogado sustituto debe acreditar y comunicar al Abogado sustituido, en alguna forma que permita la constancia de la recepción, el encargo recibido, y éste debe acusar recibo y poner a disposición del compañero toda la documentación y datos relevantes que obren en su poder. El art. 9 del Código Deontológico establece que si fuera precisa la adopción de medidas urgentes en interés del cliente antes de que pueda darse cumplimiento a las condiciones fijadas anteriormente, el Abogado sustituto podrá adoptarlas, informando previamente a su predecesor y poniéndolo en conocimiento anticipado del Decano del Colegio en cuyo ámbito actúe.

Requisitos de la venia

Estas exigencias (comunicación del encargo por un medio que deje constancia de la recepción, acuse de recibo, comunicación al Colegio donde actúe de la adopción de eventuales medidas urgentes, etc.) no son un tema baladí, pues la normativa las establece en aras de la seguridad jurídica, de la buena práctica profesional y de la continuidad en la defensa del cliente. Pero es que, además, también tienen su incidencia en el régimen de la responsabilidad civil del Abogado.

Y es que, en caso de tener lugar esta sustitución de Abogado, ¿en quién recae la responsabilidad civil profesional por los posibles daños que puedan causarse al cliente?

La obligación de hacer frente a la responsabilidad civil por los daños causados recaerá, obviamente, en el profesional cuya actuación negligente haya sido la causa del daño. Por tanto, y aunque la depuración de responsabilidades dependerá del caso concreto, es muy importante llevar a cabo un cumplimiento riguroso de las exigencias comentadas para así facilitar la delimitación de las eventuales responsabilidades del Abogado sustituto y del sustituido.

Información facilitada por Adartia Correduría de Seguros, especialistas en Responsabilidad Civil Profesional.

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“el letrado actuante podrá ser auxiliado o sustituido en el acto de la vista o juicio o cualquier otra diligencia judicial por un compañero en ejercicio, incorporado o cuya actuación haya sido debidamente comunicada al Colegio. Para la sustitución bastará la declaración del abogado sustituto, bajo su responsabilidad”.

Así, el Abogado sustituto no asume la dirección profesional del asunto, sino que simplemente auxilia a un compañero que por cualquier motivo no puede acudir a la vista o la diligencia judicial de la que se trata.

Responsabilidad civil en la sustitución

En este caso, de los eventuales daños que puedan ocasionarse al cliente por una negligencia profesional, en general deberá responder abogado al que se le hubiera encargado el asunto, como director letrado del mismo. De haberse producido un error de planteamiento en el asunto, desidia profesional, ejercicio extemporáneo de la acción, etc., la negligencia sería claramente imputable al abogado cuyos servicios contrató el cliente, pero no obstante, no siempre será posible determinar con claridad quién debe hacer frente a la indemnización por los daños causados. Por ejemplo, en caso de que haya tenido lugar la inasistencia del abogado sustituto al acto de la vista, se plantean ciertas dificultades a la hora de establecer el régimen de responsabilidad civil aplicable.

¿Debe el cliente reclamar al abogado al que realizó el encargo, a quien le une la relación de arrendamiento de servicios? ¿O debe el cliente reclamar al abogado sustituto, cuya inasistencia a la vista causó el daño? ¿Debe dirigirse contra ambos? ¿Puede el Abogado sustituido repetir en contra del sustituto en caso de haber sido condenado?

Abogado sustituto

No es fácil contestar a estas preguntas. Además, en muchos casos nos encontraremos con problemas de prueba, ya que es habitual que un abogado llame simplemente por teléfono a un compañero en ejercicio para que por favor le sustituya en un juicio, sin haber comunicado nada al Colegio correspondiente. En este caso contar con una contratación cierta como la realizada en la plataforma sustituciones.com es fundamental.

Por otra parte, tampoco es un tema que haya sido especialmente tratado por nuestra jurisprudencia, por lo que en muchas ocasiones deberemos atenernos a la casuística concreta.

Lo que sí es innegable es que si efectivamente puede demostrarse que se ha causado un daño a un tercero, éste no va a quedar sin el correspondiente resarcimiento del daño. Actualmente nos encontramos en plena cultura de la reclamación, con un auge muy importante del número de reclamaciones realizadas contra abogados por mala praxis. Como ya pasó con los profesionales de la medicina y de la construcción, lo que tan sólo era una tendencia a la obtención de una reparación del daño por casos de negligencia especialmente grave, hoy en día se está transformando en una corriente habitual.

El tema de la responsabilidad del Abogado sustituto y del sustituido es tan sólo uno de los casos que nos permite apreciar lo delgada que es la línea que separa a estos profesionales de incurrir en una responsabilidad civil de la que deben responder, y lo necesario que es contar con un buen seguro responsabilidad civil de abogados.

Información facilitada por Adartia Correduría de Seguros, especialistas en Responsabilidad Civil Profesional.

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Mª Adoración Ruiz Rodriguez

La progresiva configuración del Derecho penal de empresa como «Derecho penal del riesgo» conlleva la incorporación, junto al modelo clásico de Derecho penal basado en la prohibición de los riesgos penales jurídicamente desaprobados, de estructuras propias de la gestión del riesgo. Así, más allá del control técnico centralizado en manos de la Administración Pública, desde hace tiempo viene ganando terreno el modelo de la descentralización del control de los riesgos.

Éste, basado en la noción de la autorregulación regulada, parece haber encontrado plasmación directa en nuestro Derecho penal a través de los denominados criminal compliance programs. Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia ha ido asentándose la idea de que la no implementación de un programa de cumplimiento, su mala gestión o la infracción de sus disposiciones puede fundamentar la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de ciertas personas físicas que desarrollan su actividad en la empresa. La presente obra se ocupa de analizar esta novedosa problemática desde múltiples perspectivas. De este modo, se atiende a la responsabilidad penal de las personas jurídicas; a los programas de cumplimiento; a las investigaciones corporativas internas y la gestión de los canales de denuncia interna; a los deberes de colaboración con la Administración de justicia; a las culturas corporativas sesgadas; al papel de los abogados de empresa y de los compliance officers; entre otros temas. Sin duda, se trata de una obra fundamental para adentrarse en el mundo de la autorregulación y autogestión de riesgos penalmente relevantes, destinada no solamente a los operadores del sistema jurídico-penal (abogados penalistas, jueces y fiscales), sino también a todos aquellos asesores de empresa interesados en cómo gestionar adecuadamente riesgos penalmente relevantes.

I.- PREVENCIÓN RIESGOS PENALES EN LA EMPRESA

El Código Penal se ha actualizado y ha dado cabida a la prevención de riesgos penales en la empresa.

Con anterior a su actualización, según el Derecho Español, sólo se le podía pedir responsabilidad penal por la comisión de faltas o delitos a personas físicas, pues solía utilizarse la expresión «societas delinquere non potest» para referirse a esta situación.

Fue en el año 2.010 cuando el Código Penal Español recoge por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y es a partir de julio de 2.015 (cinco años después) cuando ha entrado en vigor la aplicación con mayor claridad, instaurando por primera vez un sistema de prevención de riesgos penales en las empresas. Aunque no todas, las infracciones penales derivan en responsabilidades para la persona jurídica. La puesta en práctica de esta ley durante cinco años, ha demostrado el amplio abanico de infracciones que pueden ser cometidas, por lo que se ha hecho necesario aplicar un sistema de prevención de riesgos penales.

Según queda establecido en el artículo 31 bis del nuevo Código Penal, la persona jurídica será responsable de comisión de delito por una persona física en dos supuestos: A.- Delitos cometidos en nombre o por cuenta de ella misma, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrante de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la empresa y ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.

B.- Delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales, por cuenta y en beneficio directo o indirecto de la persona física, por quienes, estando sometidos a la autoridad de la persona física mencionada, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

Por el contrario, la reforma penal de 2.015 introduce también cuatro supuestos en los que la persona jurídica queda exonerada de responsabilidad penal, son los siguientes:

1.Si el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

2.Si la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica.

3.Si los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención de la compañía.

4.Si no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición segunda.

Es importante precisar que estas cuatro condiciones deben cumplirse en su totalidad para que opere la exención de responsabilidad penal para la persona jurídica. Si dichos requisitos tan sólo pueden ser objeto de acreditación parcial, no tendrán la virtualidad de eximir de responsabilidad penal a la sociedad, aunque se valorará a efectos de una posible atenuación de la pena.

Los requisitos que deberá cumplir todo Sistema de Prevención de Riesgos Penales son:

•Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.

•Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.

•Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.

•Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.

•Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

•Se realizará una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.

Todo buen sistema de prevención de riesgos penales debe de regular, organizar y supervisar.

Regular efectuando un análisis y procesamiento de datos de la empresa con los administradores, directivos y trabajadores de la compañía, tras lo que se elabora el mapa de riesgos penales de la compañía. Definidos los riesgos, se redacta un código de conducta de la compañía y el plan de prevención de riesgos penales. Importantísimo en esta fase es la formación de los trabajadores de la empresa y su compromiso con los objetivos de la prevención penal.

Organización en la segunda fase, porque de nada sirve tener instaurado un buen plan de prevención de riesgos penales si no es más que papel mojado en una estantería de la empresa, designar un responsable de cumplimiento del plan de prevención, instaurar un sistema interno de denuncia e investigación de delitos y poner en marcha un catálogo efectivo de infracciones y sanciones.

Supervisar una auditoría externa anual que nos informará del grado de cumplimiento del plan, actualice el mapa de riesgos penales de la empresa y revise tanto el código de conducta como el plan de prevención de riesgos penales.

Las consecuencias penales que se pueden derivar, son, entre otras:

–Una multa económica, mínimo.

–El artículo 33.7 del Código Penal prevé penas como la prohibición -para la empresa- de realizar las actividades en cuyo ejercicio se ha delinquido.

–Inhabilitación para obtener subvenciones o la prohibición de contratar con la administración.

–El Juez podrá acordar la disolución de la empresa.

–Suspensión de la actividad mercantil o la clausura de sus locales por un período de hasta 5 años.

–Posibilidad de intervenir judicialmente la propia empresa.

II.- SENTIDO Y ALCANCE DE LAS INVESTIGACIONES EMPRESARIALES INTERNAS. El derecho a la intimidad. Privación

Es ya conocido, que la Constitución Española en su artículo 18.1 garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Derechos con rasgos parecidos, pero con aspectos que claramente los diferencian. En definitiva, tal y como ha señalado la STC 14/2003, “son tres Derechos autónomos, aunque estrechamente vinculados entre si”. Derechos de la personalidad, derivados de la dignidad humana, y dirigidos a la protección del patrimonio moral de las personas. Se trata de derechos de la personalidad con rango de derechos fundamentales. La Ley que desarrolla el artículo que hemos mencionado, es la Ley Orgánica 1/1982, de 5 mayo, cuya finalidad es la protección civil frente a las intromisiones ilegítimas, enumerando sin ánimo taxativo, las que considera como tales, ya que cuando fue aprobada esta Ley, el uso de algunas tecnologías –por ejemplo, el uso de Internet y del correo electrónico, no estaba tan extendidos- y es por eso que el artículo 7, relacionaba un listado sobre conductas, que dejaba ciertamente abierto al añadir: “cualquier medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas”. El artículo 7 de la LO 1/1982 enuncia una serie de conductas que vulneran la intimidad. Sin embargo, este listado no debe considerarse ni mucho menos como exhaustivo, pero contribuye a delimitar los contornos del derecho. Este listado está concebido para que sus parámetros puedan modularse y adaptarse a las peculiaridades del entorno laboral. Por ello, si nos centramos a nivel del ámbito laboral, el primer derecho fundamental correspondiente sería el de la “autotutela informative”, esto es, la protección de datos, artículo. 18.4 CE. Un derecho autónomo diferenciado del derecho a la intimidad. en cuanto se procede por ejemplo, a la captura de la imagen de un trabajador, “identificándole”, y su tratamiento a través de la grabación, en un soporte informático, sin que la empresa proceda a poner en su conocimiento en ningún momento, no sólo el hecho de la captación y posterior almacenamiento, sino el fin al que van a ser destinados esos datos, “la supervisión laboral”. También desde la perspectiva de ilicitud de la prueba obtenida, la compatibilidad de ese control empresarial con el derecho del trabajador a la intimidad personal (artículo 18.1 de la CE) o incluso con el derecho al secreto de las comunicaciones (artículo 18.3 de la CE), si se tratara del control del correo electrónico.

No cabe duda que el trabajador, en su condición de tal, goza plenamente de los derechos fundamentales que le reconoce la Constitución, pues como ha señalado la doctrina constitucional de forma reiterada, como la STC 88/1985 del 19 de julio, “la celebración de un contrato de trabajo no implica, en modo alguno, la privación para una de las partes, el trabajador, de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano, (…) Y cuya protección queda garantizada frente a eventuales lesiones mediante el impulso de los oportunos medios de reparación, que en el ámbito de las relaciones laborales se instrumenta, por el momento, a través del proceso laboral”

Desde este punto de vista, centrándonos en el derecho a la intimidad éste: “se vincula con la esfera más reservada de las personas, al ámbito que éstas siempre preservan de las miradas ajenas, aquél que desea mantenerse oculto a los demás, por pertenecer a su esfera más privada” (SSTC 151/1997, de 29 de septiembre), vinculada con la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad (artículo 10.1 CE).

Y desde la propia legalidad ordinaria, el derecho a la intimidad del trabajador, se reconoce tanto en el artículo 4.2 e) del Estatuto de los trabajadores, donde se contempla el derecho del trabajador al respeto de su intimidad y a la consideración debida de su dignidad en el ámbito de la relación laboral y a su vez, también en su artículo 18, donde al regular la inviolabilidad de la persona del trabajador en relación con los registros que puede practicar el empresario, se señala que “se respetará al máximo la dignidad e intimidad del trabajador” vinculando sobre todo al empresario, que ve limitadas sus facultades de organización, dirección y control del trabajo. Una vez que se conoce dónde se desarrolla el derecho a la intimidad, hay que entender que determinados aspectos pertenecientes al ámbito de la vida privada del trabajador, no sean expuestos a intromisiones extrañas. No son admisibles las invasiones directas o indirectas en la intimidad del trabajador, al ser éste un ámbito individualizado y vedado a la acción de la empresa. Sin embargo, aunque el trabajador, goza plenamente de los derechos fundamentales que le reconoce la Constitución, como ha señalado la doctrina constitucional STC 88/1985 del 19 de julio de forma reiterada, los problemas más graves que se vienen produciendo en relación con la eventual vulneración del derecho a la intimidad de los trabajadores, tienen que ver con las facultades de dirección y control de la actividad laboral que el Estatuto de los trabajadores, reconoce al empresario, (artículo 20).

El artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores atribuye al empresario, entre otras facultades, la de adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones laborales. Pero esta facultad ha de producirse, en todo caso, dentro del debido respeto a la dignidad del trabajador, como expresamente enuncia el artículo 4.2 e) del Estatuto de los Trabajadores, así como conforme a lo dispuesto en el art. 18 del Estatuto de los Trabajadores

II.I.-INTIMIDAD Y PRIVACIDAD EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LAS EMPRESAS.

La Constitución Española garantiza explícitamente el derecho a la intimidad en la informática, tal como viene redactado en el apartado 4 del art. 18 de nuestra Constitución: “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos” La preocupación por el posible daño que la informática pudiese causar en derechos tan esenciales como el de la intimidad era tal, que se propuso la fijación de unos límites a través de una ley, ley que debería tener el rango de orgánica por tratarse de la protección de un derecho fundamental. Dos leyes son las que limitan fundamentalmente el uso de la informática en este ámbito:

• Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

• Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos (LOPD), así como por el Real Decreto 994/1999 de Medidas de Seguridad de Ficheros Automatizados.

Las técnicas de tratamiento y almacenamiento de datos han evolucionado y evolucionan sin descanso, y hacen de la esfera de la intimidad, un ámbito susceptible, de ser fácilmente transgredido. Pero quizás más que de intimidad o derecho a la intimidad, debemos hablar de lo que los anglosajones han denominado “privacy” que traducido al castellano viene a ser privacidad.

El Diccionario de la lengua española (DRAE) define la intimidad como la “zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia” y la privacidad como el “ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión”. Por ello, Intimidad y privacidad son conceptos diferentes con un régimen de protección también diferente. El derecho a la intimidad es el derecho que tienen las personas, de poder excluir a las demás personas del conocimiento de su vida personal y la facultad para determinar en qué medida esa información sobre su vida personal puede ser comunicada o tratada por otras personas. Aunque el derecho a la intimidad abarca muchos aspectos legales de la vida personal, nos centraremos en los aspectos que afectan a esta intimidad, debido al tratamiento informático de la información personal. Según el Tribunal Constitucional se recoge en el mismo, un derecho fundamental autónomo: el derecho a la protección de datos de carácter personal, también denominado ‘derecho a la privacidad’, considerando a su vez que “preserva un ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, el cual es necesario para mantener una calidad de vida mínima”

Actualmente la vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, diferenciaba claramente entre privacidad e intimidad. Concretamente, en el apartado primero de su exposición de motivos indicaba que “… se habla de la privacidad y no de la intimidad” . Considerando que la intimidad protege la esfera en que se desarrollan las facetas más singularmente reservadas de la vida de la persona, como por ejemplo el domicilio donde realiza su vida cotidiana, sin embargo la privacidad constituye un conjunto, más amplio, más global, de facetas de su personalidad que, aisladamente consideradas, pueden carecer de significación intrínseca pero que, coherentemente enlazadas entre sí, arrojan como precipitado un retrato de la personalidad del individuo que éste tiene derecho a mantener reservado

II.I.I.- Intimidad y riesgos penales en la empresa

El término “intimidad” se utiliza normalmente para designar a un espacio (físico, social o simbólico) que las personas o las familias deciden sustraer al conocimiento o a la intervención de otras personas, o de todas las personas que no estén incluidas en esa zona que se ha construido personal y socialmente como “privada”. De acuerdo con la reiterada jurisprudencia del TC, la intimidad es “[…] un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana”. Así pues, el derecho a la intimidad, consiste en facultad de disposición de las personas sobre su esfera de la vida privada, personal y familiar, que, por tanto, debe quedar libre del conocimiento y la intromisión de terceros no deseados. El derecho a la intimidad protege la parte más íntima de una persona, esto es, su esfera personal. Dicho de otra forma, hablar de intimidad es hablar de sentimientos, de creencias (políticas, religiosas), pensamientos o de una información –la clínica de un paciente o la relativa a la vida sexual- cuya difusión puede producir ciertas reservas al individuo. Se trata en definitiva de aquellos datos que bajo ninguna circunstancia proporcionaría un individuo de manera libre y consciente. Según la STC 73/1982, de 2 de diciembre «la intimidad es un ámbito o reducto en el que se veda que otros penetren».

El derecho a la intimidad personal es el núcleo del art. 18 CE. Es el derecho que tiene cada individuo a preservar del conocimiento externo aquella esfera de la personalidad que forma parte su vida privada y de su familia como por ejemplo el derecho a no hacer públicos sentimientos, pensamientos, emociones y cualquier tipo de acto o acción que forme parte de su esfera interna. Así que de acuerdo con el propio precepto constitucional: “la intimidad se reconoce, no solo al individuo aisladamente considerado, sino también al nucleo familiar” (STC 231/1988, de 2 de diciembre).

No obstante en la doctrina y la jurisprudencia se aprecia una tendencia expansiva de este derecho, que se dirige o se extiende, no sólo a aspectos de la propia vida, “sino también a determinados aspectos de la vida de otras personas con las que se guarde una especial y estrecha vinculación, como es la familiar; aspectos que, por la relación o vínculo existente con ellas, inciden en la propia esfera de la personalidad del individuo que los derechos del artículo 18 de la CE protegen.

Sin duda, será necesario, en cada caso, examinar de qué acontecimientos se trata, y cuál es el vínculo que une a las personas en cuestión; pero al menos, no cabe dudar que ciertos eventos que puedan ocurrir, tienen normalmente tal trascendencia para el individuo, que su indebida publicidad o difusión incide directamente en la propia esfera de la personalidad. Por lo que existe al respecto un derecho –propio, y no ajeno- a la intimidad, constitucionalmente protegible” (STC 231/1988 de 2 de diciembre) Si pudiéramos concretar sus aspectos básicos serían los siguientes: a) sólo las personas físicas gozan de intimidad, mientras que las personas jurídicas y las instituciones, no, b) la intimidad requiere siempre del consentimiento libre del sujeto para hacer partícipe a otros, c) la intimidad implica el respeto a la libertad de las personas y por último d) la intimidad tiene un valor absoluto, incuestionable e inviolable.

Sin embargo, aparece vinculada además con la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE). De esta forma el derecho a un núcleo inaccesible de intimidad se reconoce incluso a las personas más expuestas al público (STC 134/1999, de 15 de julio). Por otra, el Tribunal Constitucional ha interpretado en alguna ocasión que el alcance de la intimidad viene marcado por el propio afectado (STC 115/2000, de 5 de mayo, STC 83/2002 y STC 196/2004). Sin embargo, con respecto a la Constitución española, ésta no ofrece una definición del derecho a la intimidad personal, lo que obliga a recurrir a la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 12, «Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques». Y demás tratados suscritos por España sobre la materia – (artículos 8 y 10 del Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y arts. 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea).

II.I.II. Privacidad.

El derecho a la intimidad no es un concepto definido ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica, constituyendo un concepto jurídico indeterminado, que en cualquier caso el concepto clásico que pudiera resultar de las interpretaciones jurisprudenciales o doctrinales en sus inicios, dicho concepto ha quedado totalmente superado por el avance informático. Por lo que la doctrina, ha acabado afirmando que la intimidad actualmente se denomina privacidad, entendiendo como tal, la intimidad en su manifestación actual, lo cual se proyecta sobre las relaciones laborales, tanto individuales como colectivas. La privacidad, ahora es un término mucho más amplio. Se refiere a aquella parte del individuo que va más allá de lo íntimo, esto es, información que tomada por sí misma puede no ser relevante, pero que analizada en un momento o contexto concretos puede llevarnos a la construcción de un perfil muy fiable del individuo. La privacidad forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto quiere decir que es un derecho inherente a cada ser humano, que tiene independencia frente a otros factores, ya que ni puede transferirse ni se puede renunciar a él. Y como el resto de los derechos humanos, el derecho a la privacidad busca garantizar la dignidad del individuo. Sus aspectos básicos serían: a) es un derecho esencial del individuo, un derecho inherente de la persona con independencia del sistema jurídico particular o contenido normativo bajo el cual está tutelado por el derecho positivo, b) es un derecho extrapatrimonial, de un derecho que no se puede comerciar o intercambiar y por último c) es un derecho imprescriptible e inembargable.

III.-CONCLUSIÓN

El lugar donde trabajamos, constituye, en principio, un espacio “público” por excelencia en el que el trabajador se somete al poder de organización y dirección de otra persona, el empresario, como consecuencia de estar sujeta a un contrato laboral. Si bien es verdad, que la relación así adquirida, limita en cierta medida la autonomía del trabajador, no es menos cierto que su condición de ciudadano lleva implícita una serie de derechos, los “fundamentales” que no se pierden nunca, están “protegidos” constitucionalmente. Sin embargo, según el criterio constitucional “ningún derecho es absoluto, ni siquiera los fundamentales”. Por ello, esto no implica que el derecho a la intimidad carezca de relevancia en el empleo, sino más bien que su significación debe adaptarse a las especialidades de este contexto.

No obstante el trabajador, no deja de ser persona por el hecho de estar subordinada, en su actividad laboral, a la dirección de la empresa. Y al mismo tiempo, se hace completamente necesario mantener un espacio de privacidad y de autodeterminación básica del trabajador para garantizar el valor de la dignidad humana, si bien, por supuesto, la intimidad debe modularse para adaptarse a los requerimientos de las obligaciones contractualmente adquiridas.

Las manifestaciones del derecho a la intimidad en el ámbito laboral son muy amplias, como se refleja en la jurisprudencia. El examen de cualquiera de estas cuestiones exige un estudio de los principios derivados de las resoluciones judiciales y una ponderación de las circunstancias concurrentes en cada caso concreto.

BIBLIOGRAFIA

1.-Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

2.- Constitución Española.

3.-Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

4.-Segoviano Astaburuaga, María Luisa, «El difícil equilibrio entre el poder de dirección del empresario y los derechos fundamentales de los trabajadores», Revista Jurídica de Castilla y León núm. 2, 2004

5.-SUÁREZ ESPINO, María Lidia, “La intimidad de los trabajadores en el centro de trabajo y el poder de vigilancia del empresario”, Diario La Ley, Nº 7906, Sección Doctrina, 20 Jul. 2012.

6.- Orti Vallejo, Antonio: “Derecho a la intimidad e informática”. EditorialColmares.

7.- Fariñas Matoni, Luis Mª: “El derecho a la intimidad”. Editorial Trivium.

8.- Codigo Penal, Título II, Libro I, Responsabilidad personas jurídicas.

Autora:

Mª Adoración Ruiz Rodriguez

AR Despacho de Abogados

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Qué regalar a tu novia abogada el día de los enamorados

Regalos hay muchos, pero hemos intentado encontrar  diferentes ideas que puedan enfocar un regalo adaptado a diferentes personalidades de novias, esposas y parejas vinculadas con el mundo del Derecho: abogadas, procuradoras, juezas, fiscales, licenciadas, etc. Ahora sólo te toca a tí elegir qué regalo le sorprenderá más el 14 de febrero.

Bolso Rojo de piel:

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Y por si fuera poco lo encontramos en color rojo apasionado, para recordarle a nuestra novia, esposa o pareja que es nuestro regalo del día más pasional del año: el 14 de febrero.

Un complemento perfecto, práctico y que recordará cada día a tu pareja su regalo de San Valentín.

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¿Quieres realmente que tu novia abogada se quede con la boca abierta? ¿porqué no rellenas este álbum romántico de vuestra historia de amor? O de la historia de vuestro último viaje, de vuestro último año, del nacimiento de un hijo… de todas esos recuerdos que queréis que perduren durante los años para uniros más en vuestro amor.

Las hojas interiores son de cartulina negra lo que permite pegar las fotografías elegidas para el álbum y escribir junto a ellas una frase o explicación de la misma. Puedes hacerlo con un rotulador blanco para que destaque o rojo para resaltar vuestra relación. También puedes incluir alguna pegatina con formas que puedes encontrar facilmente en papelerías.

De esta forma puedes regalar a tu novia abogada un recuerdo maravilloso, que ha sido especialmente preparado para ella, con mimo, atención y cuidado: los elementos básicos para que cualquier regalo de San Valentín triunfe.

Colgante de enamorados:

La joya ideal para decir “Te Quiero” el día de los enamorados. Hemos encontrado este colgante que representa a la luna con la inscripción “Te Quiero de aquí a la luna y vuelta“. ¿A quien no le gusta que le digan eso? más aún se se lo dicen en una joya.

Tiene una presentación excepcional. Este colgante se envía en una cajita que imita a un joyero en el que se contiene una rosa eterna preservada. Es una rosa que ha sido tratada para que no deteriore jamás, simbolizando por ello el amor de quien la regala. La joya del día de los enamorados que regalamos a nuestra novia abogada se contiene en un cajoncito inferior que se abre después, dando así una segunda sorpresa.

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La abogada número 1 de todos los tiempos.

Si ya un Teddy Bear es siempre un regalo lleno de ternura, cuando vimos éste, con su camiseta especial para tu novia abogada no pudimos dejar de incluirlo en nuestra selección.

Este osito de peluche junto un ramo de rosas o una caja de bombones seguro que despierta el lado más tierno de tu novia o esposa. Es romántico y además es motivador.

El mundo jurídico es muy competitivo. Ser mujer es muy exigente. Ser novio de una abogada también requiere apoyarla en ser la mejor. Por que ella se esfuerza en serlo y a tí te llena de orgullo que lo sea.

¿Cuántas veces le has dicho a tu enamorada que es la mejor del mundo? Pues el día de San Valentín es el día perfecto para empezar (o continuar) haciéndolo.

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¿Qué te ha parecido nuestra selección de regalos para abogadas? ¿se nos ha olvidado alguno que no podía faltar? ¿Te ha regalado tu novio alguno de estos regalos? Haznos un comentario con tus impresiones o las de tu novia abogada.

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